Por: Rafael Pareja Zuluaga – Director fotovoltaico
Para hablar de comunidades energéticas, es importante no perder de vista dos principios fundamentales: el carácter colectivo y el carácter local. En ese sentido, las comunidades energéticas pueden ser tan diversas en su espíritu asociativo como la sociedad misma y, a su vez, pueden servir como herramienta para suplir las necesidades energéticas de la comunidad o como vehículo para generar prosperidad a través de proyectos productivos.
Hoy en día, son muchos los países que ven a las comunidades energéticas como una forma justa para la democratización y descentralización de la energía, permitiendo a los usuarios una participación más activa en el desarrollo del mercado energético global, mercado que es cada vez más protagónico en el desarrollo económico y la calidad de vida a nivel mundial. Sin embargo, con las nuevas tecnologías, las comunidades energéticas se convierten en soluciones técnicas para resolver problemas propios de los sistemas energéticos, ya que contribuyen a la masificación de proyectos de generación distribuida, lo que a su vez permite aumentar la cobertura de los sistemas eléctricos, reducir pérdidas y aumentar la confiabilidad y eficiencia de los sistemas.
Territorios como España, Francia y California ya cuentan con marcos regulatorios que propician este tipo de colectividades, permitiendo a los usuarios agruparse para desarrollar proyectos, ya sea para su propio consumo o bajo estructuras cooperativas entre ciudadanos que desarrollan proyectos para la generación de valor colectivo. Esto a su vez. permite distribuir beneficios en ambas opciones para los propios usuarios según sea su oportunidad real.
En los países de la región, si bien existe una cultura de cooperación en el ámbito energético, los marcos regulatorios en general aún no se han actualizado para reflejar la realidad de las nuevas formas de generación de energía. Sin embargo, en los países que avanzan en estos términos, se evidencia la necesidad de mantener el carácter técnico de los proyectos. Por lo tanto, las alianzas con la academia y el sector técnico son esenciales para el éxito de las comunidades energéticas y la estabilidad del sector eléctrico, que como lo dije anteriormente, es fundamental en el desarrollo económico y la calidad de vida de la ciudadanía en general.
El proyecto de decreto en Colombia, en general, es un paso significativo para lograr el desarrollo sostenible de nuestras poblaciones. Propone diferentes formas de asociaciones para la estructuración, financiación, ejecución y operación de sistemas energéticos que permitan el autoconsumo y generación distribuida colectiva en pro de la descarbonización, democratización, descentralización y aumento de la cobertura de forma confiable, eficiente y segura. Sin embargo, se generan interrogantes que deberán ser resueltos por las entidades competentes, como la Superintendencia de Servicios Públicos, la UPME y la CREG. Esto busca pasar del ‘qué’ al ‘cómo’, buscando que la implementación de estas figuras sea fácil para la ciudadanía de a pie y no se generen detrimentos en un sector que ha sido abanderado por su excelente desempeño en el ámbito económico, técnico y operacional.
De igual forma, es bastante valioso para el éxito de las comunidades energéticas que las autoridades que regulan la actividad tengan en cuenta las barreras a las cuales están expuestos los proyectos que puedan ejecutar las comunidades energéticas. Estas barreras, hasta el día de hoy, no son muy diferentes a los proyectos que desarrollan los sectores público-privados que apuestan por la transición energética. Entre las barreras se incluyen trámites administrativos dispendiosos y burocráticos, altos costos de los equipos debido a su dependencia de la fabricación extranjera y el estado de la red eléctrica en zonas apartadas de los centros poblados. Por lo tanto, es fundamental que la regulación tenga como foco, en este caso, proponer escenarios propicios para el desarrollo de este tipo de proyectos; esto garantizará la seguridad de los sistemas eléctricos y de las personas que los operan y utilizan, y al mismo tiempo, atraerá la inversión en este tipo de proyectos como catalizador de la dinamización de la economía.
Asimismo, el decreto plantea algunos interrogantes que esperamos sean resueltos mediante los reglamentos a desarrollar por las autoridades competentes, tales como:
– ¿Cuál será el papel de la academia y el sector técnico en la conformación de comunidades energéticas?
– ¿Cómo se promoverá la investigación y el desarrollo en el sector?
– ¿Cómo se fomentará la creación de programas educativos para las comunidades, con el fin de aumentar la mano de obra calificada y garantizar una operación segura?
– ¿Qué beneficios fiscales serán importantes para las comunidades energéticas?
– ¿Cómo se asegurará una relación justa con la red eléctrica?
– ¿Qué deberes y derechos tendrán las comunidades energéticas en la formación de sistemas colectivos y cómo se llevará a cabo el seguimiento de la redistribución del valor generado?
Por último, es completamente valorable las iniciativas gubernamentales que buscan generar un desarrollo sostenible en las comunidades a partir de la generación de energía eléctrica, manteniendo siempre como premisa que cualquier acción en el sector energético debe estar encaminada a garantizar la seguridad, confiabilidad y sostenibilidad del sector energético del país, como motor del desarrollo y la calidad de vida del pueblo colombiano.